El Gobierno va a poner freno a la manipulación del mercado mayorista eléctrico. La reforma eléctrica impedirá que se incremente de manera artificial y contraria a la competencia la retribución de las centrales de generación, cuando su participación deriva de una situación de monopolio. Esta falta de transparencia, denunciada por la propia Comisión de la Energía, produce un sobrecoste anual de 500 millones de euros en un momento en que a empresas y usuarios del servicio la reforma también les exige importantes sacrificios. La distorsión del mercado está provocando costes innecesarios y aumenta el déficit de tarifa. Industria debe agilizar la revisión de las reglas y los procedimientos de un mercado que no funciona.
