Cuatro grandes fondos internacionales de inversión acudirán al arbitraje contra España por el recorte a la retribución de los parques eólicos y las termosolares. Argumentan contra el carácter retroactivo que se ha dado a la retirada de incentivos económicos que se introdujeron para atraer inversiones. La seguridad jurídica es necesaria para que las empresas tengan un marco estable de inversión, lo cual no significa que no se pueda reformar la legislación. Más cuando existe la necesidad imperiosa de reducir el déficit de tarifa, que supone una carga insoportable para nuestras cuentas. Cuando estos fondos realizaron su inversión conocían la existencia de este déficit y la crisis actual obliga a practicar ajustes que afectan a trabajadores, empresas e inversores.
