Cuando más necesaria es la transparencia en todo tipo de instituciones, las ferias de distintas ciudades y CCAA muestran un alto grado de opacidad. A excepción de Ifema de Madrid y de la Fira de Barcelona, la mayoría -Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Valladolid- ni tienen registradas sus cuentas, ni las hacen públicas. En cambio, sí reciben dinero público y en sus juntas rectoras participan diputaciones, ayuntamientos y CCAA. Todas se convierten en el premio a políticos que se han alejado de la primera línea. Una vez más, como sucedió con las cajas de ahorros, no se entiende la presencia de políticos en una actividad económica. Un asunto que el Gobierno debe incluir en la Ley de Transparencia y en la reforma del sector público.
