España no ha querido firmar una carta en la que 12 Estados de la UE, entre los que se cuentan Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, piden a la Comisión Europea que intervenga el mercado de CO2 para provocar un alza de precios y penalizar la contaminación. La oferta de derechos de emisión supera la demanda y, según los firmantes, amenaza la credibilidad de los mercados de carbono. España no ha secundado esta iniciativa por la presión de la industria española, que sufre un duro golpe en su competitividad por el alza de los precios energéticos. Pero la carta es cuestionable sobre todo porque se pide a Bruselas que intervenga en el mercado para influir sobre los precios. Actuación que chocaría con el libre funcionamiento del mercado.
