Rajoy presentó ayer una reforma del sector público que decepciona las expectativas que había generado. Casi simultáneamente el FMI críticaba por insuficiente la reforma laboral; aconsejaba seguir las indicaciones del comité de expertos sobre pensiones, y advertía de que probablemente la banca española necesite de más capital y provisiones. Un jarro de agua fría sobre el Ejecutivo que no concluía ahí. El organismo que preside Christine Lagarde dice que España debería considerar pedir al BCE la compra de bonos. Esto casi es tanto como ponernos en la antesala de la petición de un rescate.
El FMI desvela las carencias de las reformas del Ejecutivo, que se precipita al querer cerrar con 40.000 millones la ayuda al sector financiero y que da por concluida la reforma laboral. Mientras tanto, 6,2 millones de parados deben esperar a que llegue la recuperación. El Fondo no está de acuerdo y advierte, como hizo Bruselas, que es preciso profundizar en los cambios para frenar la destrucción de empleo y romper la dualidad del mercado laboral. Para contrarrestar el efecto de estas críticas, Rajoy ofreció una reforma del sector público, que aun cuando contiene algunos elementos positivos -modernización de procedimientos en su mayoría-, se constriñe a la Administración central y deja la mayor parte de propuestas a la voluntad de las CCAA.
El Estado no puede interferir en la autonomía de otras administraciones, pero el tiempo en que se ha tardado en alumbrar el proyecto se podía haber empleado en limar diferencias con las autonomías para evitar futuros recursos ante el Tribunal Constitucional y en diseñar una reforma integral del sector público. Una vez más, el Gobierno baja el tono reformista cuando, como señala el FMI, las perspectivas siguen siendo difíciles.
