La reforma de la administración local que prepara el Gobierno tiene uno de sus ejes en las diputaciones, cuyo papel refuerza en detrimento de los municipios. El argumento del Ejecutivo es que estos organismos prestan servicios básicos a aquellos ayuntamientos que por su reducido tamaño no tienen capacidad para proporcionarlos. La realidad es que en muchas ocasiones duplican la prestación de servicios con las CCAA y son una fuente de clientelismo electoral para las formaciones políticas.
La reforma que se propone no introduce mecanismos de transparencia en las diputaciones, que durante la crisis han sorteado la austeridad con menos controles y exigencias que el resto de las administraciones. Desde 2008, la deuda de las diputaciones creció un 34%, al pasar de 4.826 millones a 6.467 millones. Un incremento de difícil justificación y que adquiere tintes alarmantes en casos como Lugo o Valladolid, donde los aumentos alcanzaron el 273 y el 222%, respectivamente.
A pesar de que no se puede hacer una comparación homogénea, pues tienen funciones y competencias distintas, las diputaciones forales -con capacidad de recaudar impuestos- también incrementaron notablemente su endeudamiento. El caso de Álava es paradigmático, al pasar de 74,6 millones en 2008 a 435 millones en 2012, un 470% más. Con independencia de las diferencias que haya entre diputaciones forales y provinciales, el problema es que amparadas, unas en su autonomía y otras en la opacidad que les permite la ley, no han dejado de aumentar su ritmo de gasto. La reforma local fracasará porque no podrá racionalizar la gestión y el gasto, si no incluye mecanismos de transparencia y control en las diputaciones.