El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, presenta hoy a la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), la reforma local. Tras las protestas que habían suscitado los primeros borradores entre los ediles de su propio partido, el nuevo texto busca el acuerdo para una reforma fundamental. Según los datos de Hacienda, la prestación de los servicios básicos municipales tiene un coste estándar de 1.219,98 euros por habitante en ayuntamientos de menos de 5.000. La cuantía se reduce a 445,44 euros por habitante, en los que tienen más de 100.000. Estos datos hablan por sí solos a favor de la necesidad de reducir el número de municipios.
Tenemos prácticamente los mismos que Alemania con la mitad de población. En total hay 8.116 ayuntamientos y un 84% tiene menos de 5.000 ciudadanos. El texto de Hacienda prevé un ahorro de 7.129 millones, aunque no plantea la supresión necesaria de municipios. La reducción de gasto se conseguirá con la aplicación de la ley de estabilidad en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. En el resto, las diputaciones asumirán la prestación de los servicios cuando se supere el coste estándar fijado. Cuando así suceda, el ayuntamiento correspondiente tardará cinco años en recuperar de nuevo la competencia. El peligro de este sistema está en que sirva para engordar las diputaciones y crear de nuevo estructuras paralelas. Si Hacienda quiere que la reforma haga efecto, debe acotar claramente este riesgo y evitar que con la disculpa del ahorro se obtenga el resultado contrario: unas diputaciones sobredimensionadas -útiles como caladero de votos, como sucede en la actualidad- pero a la larga más costosas.
