En España, la burocracia se alía a las dificultades de obtener un crédito para abrir un negocio. Hasta el punto de que los informes del Banco Mundial nos sitúan a la altura de Zambia o Albania. La realidad es que las trabas burocráticas pueden demorar nueves meses la apertura de un establecimiento y obligar a desembolsar al emprededor hasta 6.000 euros. La queja se centra en ayuntamientos -salvo excepciones como Madrid- y CCAA, lo que manifiesta la urgencia de aprobar leyes que siguen cociéndose a fuego lento. Es el caso de la Ley de Emprendedores y la Ley de Unidad de Mercado, que deben poner fin a una situación incomprensible. El Ejecutivo no tiene ninguna disculpa para demorar más las reformas.
