Aena ha puesto su maquinaria jurídica y financiera a funcionar con el asesoramiento de Lazard y N+1. Se trata de poner en valor una de las mayores privatizaciones pendientes de materializarse por el Gobierno, que puede reportar a las arcas públicas una horquilla de ingresos comprendida entre 12.800 y 16.000 millones. Una cifra más que estimable que podrá ser destinada a apagar las llamas del déficit público y los intereses de la deuda. La magnitud de la operación y la delicadeza de los activos objeto de privatización (aeropuertos y seguridad aérea) explican la decisión del Ministerio de Fomento de paralizar un proceso heredado del Ejecutivo socialista, que sobrevivió a su desastre electoral.
Una decisión afortunada que va a permitir no solo obtener más ingresos por el mejor contexto económico, sino también formular la entrada de capital privado desde una óptica bien distinta. Porque mientras el ministro José Blanco solo apostaba por licitar la gestión de los dos principales aeropuertos del país (Barajas y El Prat), su sucesora en el ministerio, Ana Pastor, ha establecido un criterio diametralmente opuesto, según el cual se concesionarán todos aquellos aeródromos susceptibles de ser gestionados por la iniciativa privada.
Es decir, los grupos de empresas interesados en participar deberán asumir lotes con aeropuertos de rentabilidad variable. La colocación en bolsa del 49% del negocio aeroportuario puede cristalizarse en dos fechas: otoño de este año o primavera de 2014. Sin prisa pero sin pausa, el Gobierno debe estudiar las dos ventanas y activar una operación de gran trascendencia para el futuro de la industria turística, porque el 80% de los viajeros llegan a España por avión.