La destrucción de tejido productivo durante esta larga crisis hizo que el año pasado fueran más de 10.000 las empresas españolas que tuvieron que recurrir al concurso de acreedores. La mayoría de las compañías llegó a esta situación sin tesorería y con los activos hipotecados, lo que finalmente provocó su liquidación. En las condiciones actuales es imposible que la Ley Concursal cumpla su principal objetivo, que es proporcionar a través del concurso una alternativa a las empresas para que superen las dificultades y recuperen la actividad. Ya no son las empresas inmobiliarias y compañías de reciente creación las abocadas al concurso. Marcas consolidadas y empresas de todo tamaño acusan la falta de crédito y el peso de una fiscalidad que en vez de aliviar agrava sus problemas.
