Tras el anuncio de Andalucía de expropiar temporalmente los pisos vacíos de la banca y los promotores, ahora Cataluña anuncia una tasa sobre los mismos. En una competencia para ver quién toma la medida más populista, las CCAA están dando palos de ciego con diferentes ocurrencias legales, que perjudican más que solucionan el problema. El cortoplacismo que las inspira no tiene en cuenta su efecto sobre la restricción del crédito hipotecario. El Gobierno no parece tener intención de poner coto, ni se plantea recurrir actuaciones legislativas que pueden estar fuera de la competencia autonómica. Tampoco, abordar una ley de sobreendedamiento, como la que tienen otros países europeos, más eficaz para solucionar situaciones excepcionales.
