La amnistía fiscal decretada el año pasado para incrementar los ingresos del Estado ha sido una continua fuente de preocupación para Hacienda. Fracasó en su propósito inicial -sólo se recaudaron 1.200 millones, la mitad de lo previsto- y luego se mezcló con el caso Bárcenas. El extesorero del PP usó esta vía para legalizar el dinero evadido a Suiza. Ello provocó la duda sobre la intencionalidad de Montoro al promover la amnistía. Presionado por los inspectores, el titular de Hacienda ha ordenado revisar los expedientes de quienes se acogieron a la amnistía. Debido a su volumen se establecen unos criterios de selección de control de riesgo y origen delictivo del dinero. Hacienda ha cambiado las reglas de la amnistía para disipar dudas y evitar que salpique a los intereses políticos.
