A partir del 1 de junio todos los contratos de compraventa o de arrendamiento de inmuebles deben incorporar una certificación energética, que clasifique las viviendas en distintos niveles según su consumo. Se trata de trasponer una directiva comunitaria, que España se había resistido a aplicar por su impacto sobre el mercado. La certificación debe hacerla un técnico y no hay precio fijo para la misma. En Europa las cuantías cobradas oscilan entre los 500 euros para un piso de 100 metros en Alemania, y los 250 de Italia por un inmueble de características similares. Una nueva carga, que indudablemente va a pesar gravemente sobre los bolsillos de los ciudadanos. Especialmente indeseable e inoportuna por el momento que atraviesa el sector inmobiliario.
