Con la reforma del sector público sucede lo mismo que con los planes de adelgazamiento. Se puede recurrir a las dietas milagro, con efectos rápidos y aparentes, que pasado un tiempo desaparecen o incrementan el peso de quien las sigue. O recurrir al endocrino, que analiza el origen del aumento de peso y pone remedio de forma más lenta pero segura. La reducción del sector público sigue todas las pautas de una dieta milagro. Se ha empezado por los sectores más necesarios y con más impacto visual -sanidad y educación- y el viernes se aprobó la reforma local, mientras queda pendiente sine die Estado, autonomías y empresas públicas. Se toman medidas, pero falta un análisis conjunto del problema; el diseño de una estrategia, y verdadera voluntad de conseguir una administración más pequeña y eficaz. No se puede negar el ajuste de personal. En el último ejercicio el número de asalariados disminuyó en 193.700 personas en las administraciones. Un resultado bastante aceptable, pero que tiene truco.
En el mismo periodo, las empresas públicas incrementaron un 5,5% su plantilla con 7.500 asalariados más y el agravante de que el número de estos entes prácticamente es el mismo desde que Moncloa exigió su reducción hace un año. El aumento responde a que o ha habido nuevas contrataciones o un trasvase de efectivos desde las administraciones a las empresas públicas. La falta de convencimiento de los responsables políticos sobre la necesidad de una reforma integral del sector público puede hacernos perder una oportunidad única -la concentración de poder del PP debería facilitar las negociaciones- y derivar en un crecimiento mayor de las administraciones en cuanto pase la crisis. Ese es el verdadero peligro.
