La presión de 1,4 millones de firmas y el goteo de gente desesperada que se suicida al verse desalojada de su vivienda han dado un giro de ciento ochenta grados al trámite del proyecto de ley hipotecaria. El PP, que se oponía a debatir la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago, tuvo que dar ayer marcha atrás. No es conveniente cambiar la legislación bajo presión, y los expertos y el sector financiero desaconsejan aplicar con retroactividad la dación en pago por las consecuencias que tendría para los balances de las entidades y la credibilidad del sistema. No obstante, es preciso buscar soluciones para paliar la situación de las familias que se encuentran en una situación desprotegida.
Una circunstancia en muchos casos sobrevenida por la pérdida del empleo, a consecuencia de una crisis financiera que se ha solventado con el dinero de los contribuyentes. Una ayuda que engrosa nuestra deuda en una proporción equiparable a un punto de PIB y que tardaremos años en saldar. La banca debe contribuir a la solución de un problema del que es también responsable. Por eso sería muy positivo que los dos grandes partidos alcancen un acuerdo para establecer una dación en pago limitada.
De hecho, la actual ley hipotecaria reconoce la dación en pago si previamente lo han pactado las partes firmantes del préstamo. Se trata de una excepción al principio general de que el deudor responde con sus bienes presentes y futuros. La dación en pago debe limitarse a los grupos vulnerables y es en los requisitos -quiénes, qué viviendas, con qué ingresos, etc.- donde los legisladores deben poner el empeño para, sin quebrar las garantías hipotecarias, dar una solución justa a quienes están en riesgo de quedarse literalmente en la calle.
