Los sucesivos casos de corrupción que salen a la luz pública están erosionando la legitimidad de la clase política española y dañando gravemente la imagen exterior del país, como se pudo comprobar la semana pasada con la subasta de deuda del Tesoro, saldada con un coste más elevado del previsto. El arma más poderosa con la que cuenta actualmente el Gobierno para intentar plantar cara a la podredumbre que gravita sobre partidos e instituciones es el proyecto de Ley de Transparencia, en las Cortes Generales desde septiembre, y cuya aprobación debería producirse antes del verano. Pero el estallido del caso Bárcenas, que ha salpicado de lleno a la cúpula del PP y comprometido su reputación, va a servir para endurecer el contenido del proyecto sobre el que Moncloa ha depositado buena parte de su redención.
Pese a su mayoría parlamentaria, el PP ha comenzado a negociar con el PSOE y el resto de formaciones su respaldo para incluir dentro de la futura ley a partidos políticos, sindicatos y organizaciones profesionales. Un cambio sustancial que debe ser aplaudido por cuanto situaría debajo del peso de la Ley a las instituciones que precisamente durante años han sucumbido a los cantos de la corrupción, alimentando el fraude y el amiguismo. Además de esta sujeción al Código Penal, los cambios que se quieren introducir inhabilitan para la contratación pública a cualquier firma implicada en un caso de corrupción y prohíben las donaciones a los partidos políticos por parte de personas jurídicas para eliminar sospechas de connivencia. Acabar con las corruptelas no será fácil, pero la Ley de Transparencia puede ser un paso importante para convertir España en un país más respetado y democrático.
