El plan para construir 51 desaladoras en el corredor mediterráneo comprendido entre las localidades de Denia (Alicante) y El Atabal (Málaga), diseñado por el anterior gobierno socialista, constituye un fracaso igual de relevante que otras infraestructuras públicas construidas al calor de la burbuja inmobiliaria y el despilfarro público, uno de cuyos paradigmas es el aeropuerto de Castellón. Del total previsto sólo se han construido 32 desaladoras, que en su mayor parte se encuentran paralizadas por el elevado coste de la electricidad que alimenta sus motores. La de Torrevieja, por ejemplo, costó 300 millones y únicamente se utiliza en casos de extrema sequía. El valor aproximado de la inversión llevada a cabo desde 2004 supera los 1.660 millones, una cantidad que se vería incrementada en otros 762 millones si el Gobierno decide completar un proyecto concebido en su día para acallar las profundas divergencias surgidas entre el PP y el PSOE a cuenta del fallido Plan Hidrológico Nacional.
El Ministerio de Agricultura, cuyo titular comparecerá el lunes en el Senado para detallar la marcha del plan, tiene que resolver si prosigue apostando por un proyecto inviable por su elevado coste económico tras la desaparición de las tarifas eléctricas protegidas, o lo mantiene con criterios estrictamente ligados a garantizar el suministro de agua en zonas de extrema sequía. Si opta por el primero de los supuestos se opondría a los deseos de Bruselas, que ha aportado una parte importante de los fondos y exige que las desaladoras cumplan con su cometido. La segunda opción debería estar plenamente justificada, en un contexto marcado por las estreches presupuestarias. Difícil papeleta para el ministro Arias Cañete.
