Tomar decisiones fiscales bajo la presión de intereses políticos siempre es arriesgado. Esto le ha sucedido a CiU en sus negociaciones con ERC. Oriol Junqueras propuso a Artur Mas, a cambio de su apoyo parlamentario, una tasa sobre bebidas azucaradas y un impuesto sobre grasas saturadas, dentro de una lista de impuestos de nueva creación. Se aprobó la primera, con un gran daño para las multinacionales y las empresas locales y, afortunadamente, la presión de la industria alimentaria catalana tumbó la segunda. Lo grave es que Mas establece una política fiscal en clara contradicción con su electorado, y es capaz de aceptar un impuesto que ha demostrado su ineficacia en Dinamarca sin importarle sus efectos en la actividad económica.
