Isabel Barreiro, consorte del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, no tuvo problemas para encontrar trabajo tras cesar como directora de gabinete de Juan José Güemes en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Llama la atención que pocos meses después de abandonar su cargo de libre designación fichara por el laboratorio farmacéutico GlaxoSmithKline. Al igual que Güemes, Barreiro no ha hecho nada ilegal. En su caso -al no ser publicado su nombramiento por decreto del Gobierno autonómico- no le afecta la ley de incompatibilidades que le impide trabajar dos años en sectores relacionados con su actividad interior. Su fichaje no es ilegal, pero tampoco es ético e indica que algo está fallando en la legislación; en las contrataciones que hacen las empresas de cargos públicos, y en la ejemplaridad que deben mostrar las personas que ostentan responsabilidades políticas.
Estirar la legalidad al límite es un juego peligroso que explica la desafección de los ciudadanos por sus representantes, pues coligen que, frente a su teórico carácter de servicio público, la política es un medio para trabar relaciones y asegurarse un cómodo y remunerado futuro en el sector privado. No se entiende que quienes supuestamente defienden la gestión público-privada de la sanidad -la fórmula más eficiente y adecuada para garantizar una atención pública de calidad- arrojen de esta forma dudas sobre el modelo. Isabel Barreiro, igual que ha hecho Güemes, debe dejar su puesto en GSK. Sin olvidar que ser mujer del ministro de Exteriores, encargado de promocionar la imagen del país y la marca España fuera de nuestras fronteras, aumenta el grado de ejemplaridad que le es exigible.
