A pesar de que públicamente no lo reconozca, el Gobierno tiene asumido que el déficit superará el 6,3% del PIB para este año y que el desequilibrio se situará en torno al 7%. Esto significa que, para soslayar esas siete décimas de diferencia entre lo acordado y la realidad, Rajoy debería llevar ajustes de aquí a fin de año por un importe aproximado de 7.000 millones. No parece que haya intención, ni tiempo de tomar esta decisión, aunque sí es evidente que no se podrá compensar en diciembre a los pensionistas por la desviación de inflación. Más cuando el Gobierno deberá dar explicaciones en Bruselas, pedir flexibilidad y demostrar que ha hecho los deberes.
A la Comisión no le gusta la idea, y va a presionar a Rajoy con el control de las cuentas de la Seguridad Social y de las CCAA, pero el Gobierno confía en que no solicite medidas adicionales. Entre otras razones porque se han aplicado la mayoría de las recetas recomendadas, incluida la subida del IVA, que, aunque se ha dejado notar algo en septiembre, no es suficiente para elevar la recaudación todo lo requerido. La vía de los ingresos parece agotada por la falta de crecimiento y la necesidad de una reforma integral del sistema fiscal. Además, el recurso a las subidas de impuestos sólo contribuye a empeorar los problemas.
El equipo de Rajoy argumentará ante la UE que el 6,3% se diseñó para un contexto económico más favorable y que España no es la única. Prácticamente el resto de los Estados de la Eurozona tampoco va a cumplir debido a la recesión. 2012 podría haber sido una excepción, pero una vez más el calendario de cumplimiento se alarga y queda pendiente la reforma del sector público, que no se debe demorar más.
