El clientelismo que se ha creado en las Administraciones autonómicas y locales es el obstáculo más serio para la reforma del sector público. Sólo una crisis como la actual puede acabar con un mal enquistado en la democracia española que, desgraciadamente, afecta a todos los partidos y se extiende a lo largo de toda la geografía. Para muestra, un botón. La Junta de Andalucía da cobijo desde hace años a 130 entes públicos que conforman una Administración paralela, a la que los contribuyentes transfieren 3.300 millones para su funcionamiento. La opacidad es tal que nadie sabe concretar el número de enchufados que trabajan para una Administración sin haber opositado y refugiados en fórmulas como empresas públicas o fundaciones.
Se estima que son unos 26.000 los agraciados, pero no hay una relación de puestos de trabajo pública y transparente, aunque disfrutan de sueldos muy superiores a los de los consejeros y funcionarios de la Junta. A raíz de la petición por parte de Andalucía del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y los planes de reequilibrio que lleva aparejados, Hacienda espera conocer el entramado laboral y salarial de este conglomerado público.
Estas costosas Administraciones paralelas evidencian las resistencias con que topa la reforma del sector público, al mismo tiempo que muestran su inexcusabilidad y urgencia. El Gobierno tiene intención de empezar por las Administraciones locales sobre las que tiene más capacidad de maniobra. La verdadera batalla se librará con las autonomías. El poder que concentra el PP y la ayuda financiera que precisan las autonomías con más problemas ofrecen a Rajoy una oportunidad única de acometer la reforma que no debe desaprovechar.
