El resultado de las elecciones gallegas se planteó desde el primer momento como un referéndum sobre la política del Gobierno de Rajoy, tanto por parte de los populares como de los socialistas (PSdeG) y nacionalistas (BNG), y así también lo han sentido los gallegos convocados a las urnas. La rotunda victoria del PP en Galicia (ampliación de mayoría absoluta incluída) refrenda, por extensión, la política de ajustes del Gobierno, que atacará, parece que ahora sí, nuestra mastodóntica Administración comenzando por los ayuntamientos.
A Alberto Núñez Feijóo, el primer gobernante que supera la prueba de las urnas después de haber gobernado durante la crisis, no le bastaba con lograr mayoría simple para mantenerse al frente de la Xunta, pues con toda probabilidad PSdeG, AGE y BNG harían coalición de Gobierno. Los resultados muestran también las horas bajas que atraviesan los socialistas, no sólo en Galicia sino en el resto de España. Muchos de sus electores se han disgregado a su derecha e izquierda, al no ofrecer la formación de Rubalcaba una alternativa convincente para salir de la crisis, sin poder todavía librarse del peso que ejerce sobre los votantes su estancia en el Gobierno hace tan sólo once meses. Tampoco ha favorecido a los nacionalistas su escisión en tres partidos distintos. En este panorama, Feijóo tendrá manos libres para cumplir su programa electoral, pero no se puede descuidar. Aun siendo la autonomía con las cuentas más saneadas, Galicia debe contribuir a reducir el déficit de las comunidades autónomas para el próximo año al 0,7% desde el 1,5% en 2012. Estos objetivos chocan con algunas de las declaraciones que Feijóo ha hecho en campaña. Por ejemplo, que hará funcionarios a 6.000 laborales. Y chocan, sobre todo, con la política de intensificación de los ajustes que Rajoy va a poner en marcha tras obtener el refrendo de Galicia.
En el País Vasco, el otro escenario electoral, el panorama se complica sensiblemente. La victoria del PNV no alcanza la mayoría absoluta, como ya sucedió en la legislatura anterior, sólo que ahora la situación es muy diferente. El PNV se verá obligado en esta legislatura a acometer reformas contra la crisis, a pesar de que hasta ahora haya frenado las (pocas) iniciativas del socialista Patxi López, el gran perdedor de la noche, para reducir el tamaño de las Administraciones vascas, que padecen los mismo males y duplicidades que las del resto de España. Pero la pregunta es en quién se apoyará el líder del PNV, Iñigo Urkullu.
En este camino de los recortes no podrá contar con la izquierda abertzale de Bildu, la gran vencedora y, de hecho, la segunda fuerza política del parlamento vasco. A pesar de su discurso moderado en lo soberanista y naif en lo económico, Bildu ya ha avisado de que no votará a favor de ningún recorte. Urkullu tampoco podrá contar con los votos del PSOE, que previsiblemente radicalizará sus posiciones ante el probado fracaso de su estrategia. La primera muestra es su apoyo, y su justificación, de la huelga general convocada por los sindicatos para el 14 de noviembre. Su aliado natural en estos asuntos, el PP, no le servirá. Su retroceso electoral le impide sumar con el PNV hasta la mayoría absoluta. Urkullu tendrá que buscar apoyos puntuales... y confiar en que sirvan.
En lo que sí parece haber una cierta tregua es en las demandas soberanistas en el País Vasco. El PNV se ha mostrado muy moderado. Incluso Bildu se mostró ayer prudente. El nacionalismo añade incertidumbre a la situación y muestra que es necesario repensar la estructural del Estado.
