Mariano Rajoy ha quebrantado todas las promesas con las que presentó su candidatura a presidente del Gobierno, a excepción de las pensiones, y ya se verá por cuánto tiempo. Llama especialmente la atención el incumplimiento sobre política fiscal, convertida en un auténtico maratón impositivo, mientras Montoro se resiste a iniciar la reforma en profundidad de las Administraciones Públicas. El último acto lo constituye el apoyo decidido que ayer prestó España a la implantación en la UE de una tasa a las transacciones financieras internacionales. La medida saldrá adelante con el apoyo de diez países -entre ellos Francia, Italia y Alemania- y la oposición frontal de Reino Unido, que argumenta que un impuesto de este tipo sólo tiene sentido si funciona en todos los centros financieros mundiales.
Aun así, el núcleo duro de la UE siguió su polémica política de remar contra viento y marea sin importar cuánto puede contribuir este nuevo gravamen a que la recesión de la zona se haga más profunda. La tasa será de un 0,1% para la compraventa de acciones y bonos, y del 0,01% para los de derivados. Según los cálculos comunitarios, se podrían recaudar 55.000 millones de euros siempre que todos los países de la UE la implantaran; pero, como advierten los británicos, el efecto puede ser contrario y reducir el PIB comunitario hasta un 3,5%.
En España, lloverá sobre mojado. A las subidas de IRPF, Sociedades, IVA, Impuestos Especiales y tributación de las plusvalías a corto, se va a unir esta versión de tasa Tobin. Una decisión equivocada, fruto de la demora en aplicar reformas esenciales como la del sector público y de haber apostado antes por la subida de ingresos que por la reducción del gasto.
