Los presupuestos de 2013 han supuesto un jarro de agua fría para los empresarios, a quienes no gustan algunas de las medidas que proyecta el Gobierno para el próximo ejercicio, como es el caso de las subidas impositivas que afectan a su actividad. Más disgusto aún les causa el incumplimiento de promesas que daban por supuesto que se incluirían en el proyecto de ley y que finalmente se han desechado. Por ejemplo, la bajada de cotizaciones sociales que Rajoy anunció hacer en paralelo a la subida del IVA. Se iba a reducir un punto en 2013 y otro en 2014. Este asunto fue motivo de un arduo debate en el propio Consejo de Ministros, pero al final se impuso el criterio de Hacienda por temor al efecto que una bajada de cotizaciones puede tener en estos momentos sobre las cuentas de la Seguridad Social.
Los cálculos del Gobierno lo estiman entre 1.115 millones, el primer año, y 3.890, el segundo. Cuantía mucho mayor, según las cifras que maneja la oposición. Tomar esta decisión obligaba a congelar las pensiones, algo a lo que Rajoy se ha negado sistemáticamente desde el inicio de su mandato. Ni siquiera le ha podido convencer el argumento de CEOE, de que esta bajada es necesaria para ganar competitividad y reducir costes laborales, en línea con la estrategia de actuación para 2013-2014 que Moncloa envió a Bruselas en julio y con las recomendaciones del Consejo Europeo.
La indignación en CEOE es mayor porque consideran que la decisión del Ejecutivo no ha obedecido a razones económicas, sino a intereses políticos, por el impacto que la congelación de las prestaciones podría tener en las elecciones gallegas. No es la primera vez que priman los intereses políticos y se entiende la indignación de los empresarios.