Con la reforma de 2011, el sistema de pensiones se va a ahorrar una cantidad equivalente al 3% del PIB del gasto en prestaciones, una cifra considerable pero insuficiente por el incremento del paro, que ha superado el marco sobre el que se proyectó la reforma. Por este motivo, Bruselas, que apoyó esta ley que eleva la edad de jubilación a los 67 años, insiste en que son necesarias modificaciones de gran trascendencia social y económica. Por ejemplo, reducir el periodo transitorio -entre 2013-2027- para que sea efectiva la jubilación a los 67 años o ampliar el cálculo de la pensión a toda la vida laboral. Estas medidas rebajan las pensiones, pero debe primar la supervivencia del sistema y la complementariedad del sistema público con el ahorro privado.
