La reforma del sector público exige un análisis profundo del reparto de competencias de las Administraciones Públicas, y ello implica romper el tabú de que no se pueda plantear la posibilidad de que las CCAA puedan devolver al Estado la gestión de servicios que no pueden atender o que se dan por duplicado. Tras 35 años de democracia, la crisis económica pone de manifiesto la existencia de claras distorsiones en las cuentas públicas, lo cual lleva a revisar el funcionamiento de las Administraciones para eliminar duplicidades e ineficacias. La composición del mapa político tras las elecciones generales del pasado noviembre -al concentrar el PP el poder en el Estado y la mayoría de ayuntamientos y autonomías- brinda una oportunidad única: hay capacidad política para reorganizar el mapa de competencias.
España es actualmente uno de los Estados más descentralizados del mundo, porque, aunque inicialmente la Constitución estableció un total de 22 competencias para las CCAA, el número de servicios traspasados asciende de media al centenar y totaliza en conjunto 1.978. Hubo épocas en que las autonomías rivalizaron con el Estado en captar a los funcionarios más preparados ofreciendo mejores sueldos; igual que algunas aceptaron a regañadientes la competencia en sanidad, y muchas veces los traspasos se usaron como moneda de cambio en la negociación política.
Ahora no se trata sólo de ajustar el gasto coyunturalmente: hay que abordar la tarea de racionalizar, reducir y modernizar las Administraciones. El grado de descentralización no debe ser sinónimo de duplicidad y más gasto, sino de cercanía, profesionalización y buena gestión. Es una decisión que afecta a los políticos y les exige dar ejemplo.
