La subida del 8 al 10% en el IVA de los alimentos elaborados a partir del 1 de septiembre se verá amplificada por el encarecimiento de las materias primas. Una combinación letal para los bolsillos de los consumidores, que deberán destinar cerca de 3.200 euros durante los próximos meses para hacer frente al incremento impositivo aprobado por el Gobierno.
Los motivos esgrimidos por las multinacionales del sector, como Nestlé, para justificar la fuerte subida de precios que se avecina son de carácter climatológico -la prolongada sequía que azota a Estados Unidos, las lluvias fuera de temporada en Brasil y los problemas de producción en Rusia, que han arruinado multitud de cosechas-, pero también imputables a la masiva producción de etanol, un compuesto químico al que se dedica el 40% de la producción mundial de maíz.
El incremento de los alimentos no es sólo una mala noticia para los consumidores, sino también para los Gobiernos, que verán corregidos al alza sus índices de inflación, justamente cuando la contención de precios se ha convertido en uno de los principales motores para mejorar la competitividad y generar nuevo empleo. La globalidad del problema y su especial incidencia en los países subdesarrollados exige una rápida actuación del G-20, que intentará buscar soluciones en una reunión de urgencia prevista para septiembre.
Pero la historia reciente de este organismo internacional no invita al optimismo, tal y como quedó patente en la crisis alimentaria de 2008. Alcanzar medidas concretas sobre un recorte de la producción de biocombustibles y el correcto uso de los transgénicos supondría un gran avance que beneficiaría a todos.
