El Ejecutivo negocia en Europa para zanjar el espinoso asunto de las participaciones preferentes. Hasta la fecha, las reclamaciones fundadas han sido escasas -sólo 26 de las más de 3.000 presentadas contra Novagalicia han merecido reconocimiento arbitral-.
Ello sugiere que los inversores en preferentes no constituyen una clase especial a la que se le deba suavizar los riesgos.
La solución europea que persigue el Gobierno, no obstante, beneficiaría a todas las partes, al evitar la vía judicial y establecer un procedimiento general. Éste consistiría en aplicar a los tenedores de preferentes una quita instantánea que les sería reembolsada con el tiempo, una decisión similar a la aplicada en Irlanda para las pérdidas en inversiones institucionales.
