El temor de Novagalicia, Bankia y en menor medida de CatalunyaCaixa a un aluvión de recursos judiciales de los inversores privados que adquirieron participaciones preferentes no se ha producido finalmente. Hasta la fecha, se han recibido 3.065 peticiones de arbitraje en Galicia, de las cuales sólo 26 han sido reconocidas por el árbitro.
El reducido número de recursos, por cierto sufragados por la Xunta, invita a pensar que la mayor parte de los minoristas que acudieron a las oficinas de las dos antiguas cajas gallegas sabían el tipo de producto que adquirían y, por lo tanto, no recurrirán a los tribunales para intentar recuperar su dinero. No les queda otra que asumir las pérdidas derivadas de su decisión, como cualquier otro inversor de bolsa.
