La desconfianza que las comunidades autónomas generan en los mercados ha sido uno de los motivos principales que días atrás ha impulsado la prima de riesgo a niveles máximos y provocado la caída del Ibex hasta niveles de 2003. Por esta razón, el Gobierno sigue presionando a los ejecutivos regionales para que recorten al máximo su gasto público y cumplan con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento establecido para este año, una misión muy difícil pero no imposible. A la espera de que nuevas comunidades autónomas secunden la decisión de Valencia, Murcia y Cataluña de acudir al Fondo de Liquidez Autonómica para financiarse, el Ministerio de Hacienda explica que no impondrá sacrificios suplementarios a los ya adoptados.
A cambio de no exigir nuevos ajustes, el Ministerio de Hacienda ejercerá un control exhaustivo de las cuentas regionales para que cumplan a rajatabla los planes de estabilidad acordados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en mayo. Resta por saber si los 18.000 millones de euros con los que ha sido dotado el FLA serán suficientes para atender las necesidades futuras. Las primeras estimaciones, pendientes de oficializarse, apuntan a que las tres comunidades rescatadas absorberán cerca de 7.000 millones de euros, de forma que sólo se dispondrá de 11.000 millones de euros adicionales. El departamento que dirige Cristóbal Montoro está convencido de que cubrirán con holgura las necesidades de liquidez de las autonomías de aquí hasta final de año. El control extremo de Hacienda debe servir para racionalizar el modelo autonómico, mejorar nuestra imagen exterior y calmar a los insaciables mercados.
