La Comisión Europea advertía a España en mayo, que a pesar de que la reforma de pensiones aprobada en 2011 representaba un avance significativo para la sostenibilidad del sistema, el empeoramiento de la situación aconsejaba adelantar algunas de las medidas previstas en la ley. Bruselas pide que se acelere la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años, lo cual implica reducir el periodo transitorio de 15 años que lo alarga hasta 2027. Hay otro consejo de más trascendencia para mantener la proporcionalidad entre contribuciones y pensiones: el denominado factor de sostenibilidad, que relaciona la edad de jubilación con la esperanza de vida. Su aplicación -prevista para 2027 pero que se adelantará- se traduce en una bajada de la pensión media, pues implica un ajuste automático de la cuantía de las pensiones a los recursos corrientes de cada año.
El empeoramiento a que hace referencia Bruselas es evidente, la Seguridad Social ha perdido durante la crisis 2.344.832 afiliados (diciembre de 2007 a mayo 2012) y el número de pensionistas, 8.902.683, aunque de forma lenta sigue creciendo y lo hará con fuerza a partir de 2015 cuando se empiecen a jubilar las generaciones del baby-boom español. La fortaleza de las cuentas de la Seguridad Social ha permitido al sistema mantener superávit en el primer impacto de la crisis, pero ya en 2011 se registró un déficit de en torno a los 500 millones, que en la actualidad alcanza 2.500 millones y superará los 5.000 millones a fin de año. El Fondo de Reserva (67.948 millones) es un colchón de seguridad, pero su uso es puntual. Acelerar la aplicación de la reforma es la única vía que tiene el Gobierno para mantener la sostenibilidad de las pensiones.
