El Gobierno ha decidido cumplir al pie de la letra las recomendaciones de Bruselas. Es la condición que se impone a cambio de ayudar directamente al sector financiero y de alargar hasta 2014 el objetivo del 3% de déficit. Además, es imprescindible un nuevo ajuste para cumplir las previsiones del presupuesto 2012. Rajoy tiene motivos para estar preocupado, en mayo el déficit del Estado fue del 3,4% del PIB, cuando el objetivo anual es del 3,5%. Es preocupante. Además, tras los acuerdos de la última cumbre europea hay una calma relativa en los mercados, pero se trata de una tregua para ver si realmente se adoptan las medidas pactadas.
El Ejecutivo estudia reducir la prestación por desempleo, los anticipos de Tesorería de las autonomías para que bajen los gastos de personal, y adelantar la implantación de la jubilación a los 67 años. Son medidas muy duras, pero inevitables. Las dos primeras contribuyen directamente a reconducir el gasto. Cuando el gasto medio mensual por desempleo y beneficiario es de 919 euros, reducir en seis meses la prestación supone bajar a la mitad los más de 32.000 millones anuales que se gastan por este concepto. Ajustar las transferencias a las CCAA las obligará a reducir gastos de personal, posiblemente suprimiendo televisiones autonómicas y empresas públicas. Más dudoso es el efecto de adelantar bruscamente la edad de jubilación, que puede actuar en sentido inverso al que se pretende, frente a la congelación de pensiones, que suscita posiciones a favor y en contra en el Gobierno, aunque con esta medida se ahorrarían 1.000 millones anuales. El Ejecutivo debe arrostrar la impopularidad de los recortes, que al final serán entendidos por la población si son efectivos para salir del agujero. Esa es la clave.
