Veintiseis ejecutivos que abandonaron las cajas durante los procesos de reestructuración desde 2010 se pueden llevar 150 millones por indemnizaciones, pensiones o compensaciones para no irse a la competencia. Estas compensaciones causan escándalo social, cuando muchos de los perceptores hicieron mal su trabajo y son responsables de la situación actual de las entidades. Algunos pagos no se han llegado a realizar y otros son investigados por Anticorrupción o han llegado a los tribunales, que los han anulado. Es bueno que la Fiscalía investigue los casos abusivos o improcedentes: generalizar es demagógico. El debate que se plantea en los países de nuestro entorno es que estas compesaciones se liguen más al éxito de la gestión que a blindajes por contrato.
