El tratamiento de los activos tóxicos inmobiliarios del sistema financiero español no se acaba de solucionar. Las sucesivas reformas no han conseguido canalizar una solución definitiva, porque siempre se amaga pero finalmente se rechaza la opción de un banco malo, una herramienta que tiene demostrada su eficacia.
Con la última reforma, el Gobierno impulsa la creación de sociedades inmobiliarias para que las entidades depositen sus activos tóxicos. Estas sociedades ya existen y en 2011 perdieron más de 4.000 millones debido a las rebajas en la valoración de los activos adjudicados -cubren hasta el 25%- y, sobre todo, a que han tenido que vender inmuebles por debajo de su valor de tasación, con caídas de hasta un 30%.
En 2012 la evolución será todavía peor: más provisiones y una mayor caída del valor de los inmuebles. La solución que da el Ejecutivo es que entren inversores privados en estas sociedades y que se fusionen muchas de ellas. Con los resultados del año pasado resulta complicado que consigan atraer la atención de los inversores privados, salvo que las sociedades alcancen un precio de derribo y aún así es necesaria la transparencia.
Por otra parte, a las entidades les conviene que sus sociedades inmobiliarias se fusionen y que contablemente figuren como sociedades asociadas para no tener una participación mayoritaria en las mismas. Esto supone no incluirlas en su balance: el procedimiento es más oscuro -aparentemente los activos tóxicos desaparecen- y tiene más defensa contable, que no real porque los inversores no se lo van a creer. El problema es que los activos tóxicos inmobiliarios están en un bucle que va a ser difícil de romper si no se crea un banco malo.
