El cambio de criterio aplicado por el Ministerio de Economía en Bankia y ciertas declaraciones del Gobierno hacen pensar que se aproxima otra vuelta de tuerca, en forma de nuevos requerimientos de provisiones. En contra de lo manifestado antes tanto por el Ejecutivo de Rajoy como por el anterior de Zapatero, en Bankia se ha optado por el uso máximo de recursos públicos, despreciando otras opciones, como venta de líneas de negocio o filiales y conversión de instrumentos como preferentes y subordinadas, para rebajar la factura de 19.000 millones. Esta inyección pública, la mayor en la historia de los rescates bancarios españoles, hace a Bankia sobrepasar los requerimientos de la última reforma, la del Decreto 18/2012, y establecer otros no contemplados en la norma. Si ese exceso de previsión responde al deterioro de la economía y, con ella, a la solidez de todos los créditos y de los activos en el balance de los bancos, lo lógico es pensar que deba extenderse al resto del sector, para establecer el mismo nivel de salvaguardia ante futuros reveses.
Mercado, sector y ministerio están pendientes de los resultados del examen de las consultoras y auditoras, que de alejarse las cifras de sus informes de la última reforma de De Guindos, haría inevitable nuevas exigencias de provisiones. El titular del Ministerio de Economía ya advirtió que su segunda modificación se hacía por las cambiantes circunstancias y García Margallo ha dicho que el Gobierno "haría cuantas reformas financieras hicieran falta". Lo que se olvida es que el sector necesita certidumbre y lo contrario crea "convulsiones regulatorias" que es, según Goirigolzarri, lo que hizo fracasar a Rato, su antecesor. No es extraño que Rajoy vuelva la vista a las privatizaciones para lograr recursos, ya que tras Bankia irán CatalunyaCaixa y Novagalicia.
