No es tiempo de dubitaciones, el Estado mediante avales o ayudas públicas al sector debe poner fin a la incertidumbre sobre el cierre de la reforma financiera y el saneamiento de los balances de las entidades, porque los mercados tienen la percepción de que el proceso no se está desarrollando al ritmo adecuado. Suena políticamente incorrecto y es posible que éste sea uno de los motivos que impiden al Ejecutivo tomar ya una decisión al respecto, pero los acontecimientos se precipitan y las decisiones parecen discurrir a cámara lenta. Luis de Guindos insistió ayer en que el Gobierno y el Banco de España fijarán las reglas del banco malo, pero no aportarán "en principio" ayudas públicas.
Olvida el Gobierno la advertencia del FMI que aconseja que no recaiga sobre las entidades financieras la aportación a su propio saneamiento por el riesgo de contagio a las entidades sanas. Entre tanto, el panorama económico cada día cobra tintes más negativos que reflejan un estado de pesimismo extremo. La prueba está en que el Ibex, con una caída del 2,55 por ciento, fue la segunda bolsa tras la italiana más castigada del continente y rozó los mínimos de 2009. Los bancos registraron pérdidas aún mayores que las sufridas por Repsol o Red Eléctrica, afectadas por las expropiaciones en Argentina y Bolivia. La prima de riesgo alcanzó los 424 puntos básicos y, a pesar de la tónica bajista que dominó en los mercados europeos por la industria manufacturera y el paro, quedó claro que la brecha entre España y el resto de la UE se está agrandado peligrosamente. El sector financiero asume y lo seguirá haciendo en el futuro el coste de esta crisis, pero el papel del Estado ahora es tomar medidas que corten la hemorragia y frenen la espiral de desconfianza.
