Es un principio elemental, pero da la sensación de que muchos lo olvidan: los malos gestores tienen que hacer frente a las consecuencias de su actuación. Esto implica en ocasiones perder los recursos propios y dejarlos en manos de otros que saben hacerlo mejor, o simplemente dar por liquidado el negocio. Ésa es la ley del mercado. En la reforma financiera se exige a las entidades que provisionen por los activos tóxicos que tienen en sus balances. Los bancos mejor gestionados y con más músculo financiero han hecho ya sus deberes y han provisionado en el primer trimestre del año todo o una buena parte de sus activos inmobiliarios. Las entidades con más dificultades, que necesitan de ayuda, tienen hasta finales de 2013 para sanear sus balances. Nadie quiere perder credibilidad y poner en evidencia los problemas de su balance, pero la diferencia entre las que pueden abordar el saneamiento a costa de reducir su beneficio y las que temen perderlo ha empezado a abrir brechas en el sector.
El Gobierno parece dispuesto a crear una banco malo (aunque no quiera denominarlo así) una vez concluido el proceso de fusiones en las próximas semanas. Algunas entidades financieras -las que están en mejor posición- se han pronunciado en contra, precisamente porque ya han hecho el esfuerzo y no obtienen ningún beneficio con esta herramienta. Es más, cuestionan la competencia que para ellos supone reflotar con dinero público a alguna entidad con serios problemas, a la que parece se está haciendo un traje a medida. La digestión del banco malo será pesada para el Estado, pero peor es no hacerlo y demorar más el saneamiento del sector. Es sabido que todas las medicinas tienen efectos secundarios.
