España pidió ayer a los ministros de Asuntos Exteriores de la UE que adelanten el fin de las ventajas arancelarias de productos argentinos en el ámbito comunitario previsto para 2014. La táctica española consiste en activar al máximo la presión diplomática y jurídica sobre el Gobierno argentino, al amparo de la legalidad internacional. El objetivo es que se materialice y respete la indemnización a causa de la expropiación de YPF, sin que el conflicto rebase ese escenario. El Gobierno de Cristina Fernández parece tener una idea muy diferente sobre cómo abordar este asunto y en una huida hacia adelante declara su intención de "no pagar ni un peso a Repsol", palabras que tuvieron un eco muy negativo en su cotización. Aun así, la única vía debe ser la presión diplomática.
