Ana Mato y los consejeros de las comunidades autónomas acordaron ayer generalizar el copago farmacéutico para recortar el gasto sanitario. Un problema complejo, porque la sanidad es el servicio público más apreciado por los ciudadanos. El dilema es que, en las circunstancias actuales, si no se recorta el gasto el modelo es insostenible. Un ejemplo: las comunidades autónomas arrastran una deuda de 16.000 millones con los proveedores sanitarios. Además de razones internas, la presión externa también se hace sentir. Las dudas sobre el cumplimiento del objetivo de déficit por las autonomías levanta suspicacias fuera de nuestras fronteras. ¿Dónde se puede reducir presupuesto?
La OCDE sitúa a España en la franja baja de la media de gasto en prestación de servicios sanitarios. La opción que se ha acordado no afecta al servicio, pero reordena el copago farmacéutico y lo extiende a los pensionistas, que en la actualidad son los únicos que no pagan una parte del coste de las medicinas. Ahora abonarán entre 8 y 18 euros mensuales al mes, según su pensión. Para el resto de usuarios, el copago aumenta al 50% si sus ingresos superan los 18.000 euros anuales y al 60% si pasan de los 100.000. Se excluye a los parados que han perdido la prestación, unos dos millones, y a las pensiones no contributivas. Tienen razón los pensionistas cuando argumentan que entre la subida del IRPF y la implantación del copago farmacéutico para su colectivo se esfuma la subida de pensiones. También es cierto que hay trabajadores con un sueldo inferior al de algunos pensionistas y con cargas familiares que pagan por sus medicamentos. El fin de las medicinas gratis era inevitable y es una opción menos agresiva que el copago de la atención sanitaria.
