Tras la expropiación de YPF, la filial argentina de Repsol, la multinacional se enfrenta a una dura batalla para conseguir un precio de expropiación adecuado, que definitivamente no convierta en expolio el atropello. Las primeras actuaciones del Gobierno de Kirchner -la escenificación del anuncio o el desalojo de los directivos españoles de la sede de YPF- hacen presagiar que pese al rechazo internacional sobre la decisión de Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina no lo va a poner fácil. Inicialmente la diferencia de la valoración de la expropiación dista entre los 4.000 millones de dólares de los que se habla en Argentina y los 18.300 que exigió ayer Brufau. Un proceso largo y de desgaste, en el que ni la operadora ni el Gobierno español deben dejar de recabar apoyos.
