La caída prevista del PIB español al 1,7% viene acompañada de un desplome de la demanda interna del 3. De ahí que el ministro de Economía, Luis de Guindos, haya reconocido que la rebaja de la actividad reducirá los ingresos y por tanto exigirá un recorte aún mayor, valorado en unos 8.000 millones de euros. El esfuerzo se hace cada vez más titánico y puede parecer comprensible que Rajoy intente paliarlo.
Sin embargo, la forma de anunciar unilateralmente que elevaría su objetivo de déficit público no se antoja como la más apropiada. Debió haber adelantado sus Presupuestos a la Comisión, de manera que se pudiesen entablar unas negociaciones. Su actitud contrasta con la de Portugal, que ayer se mantenía férrea públicamente en sus propósitos de ajuste. Y pese a la intervención del BCE en los mercados, la prima de riesgo de España superaba ayer a la italiana al cierre de la sesión por primera vez desde agosto del año pasado. El problema radica en que si la cifra del 4,4 no es creíble, ¿por qué va a serlo el objetivo del 3% para el 2013?, ¿sólo porque se espera que en ese año haya crecimiento? Además, este anuncio de Rajoy ha sido celebrado por las comunidades autónomas, que también quieren apuntarse a la relajación de sus recortes. Justo lo que puede incitar a la indisciplina presupuestaria de nuevo. Rajoy mantiene un pulso con sus barones regionales respecto al nivel de los recortes, y espera que una victoria en Andalucía brinde el respaldo necesario al ala reformista de su Gabinete. Por eso, sigue posponiendo el ajuste y lo deja en manos de las autonomías. Sin embargo, éstas tiene mucho más complicado llevarlo a cabo si no se reorganiza el Estado y se adopta una estructura menos costosa y más eficiente. Sus retrasos lo dificultan todo.
