El Ministerio de Industria se propone llevar adelante una propuesta, que supone enviar un torpedo a la línea de flotación del mercado eléctrico. Se da potestad al director general de la Energía para intervenir los precios de la bolsa eléctrica y para influir en las horas de funcionamiento de las centrales. Esta habilitación a un alto funcionario de la Administración supone una extralimitación de competencias, que no se puede entender ni aun cuando el fin fuese justo y necesario. Un mercado con techo y con suelo es todo menos un mercado.
El objetivo que se persigue es pagar menos a las empresas por la energía que producen, lo cual, de llevarse a cabo, conduciría a configurar un mercado artificial, inexistente, que repercutiría finalmente sobre la tarifa. En el trasfondo de esta decisión subyace la búsqueda desesperada de reducir el déficit de tarifa, que asciende a 24.000 millones de euros. Es una forma de hacer partícipe al sector en el esfuerzo para reducir el agujero eléctrico.
Hay otro factor en la propuesta de Industria, tan grave o más que el anterior: la posibilidad de influir en las horas de funcionamiento de las centrales, que en la práctica supone decidir qué tipo de tecnología energética se quiere primar. La propuesta, que se halla en fase de consultas antes de elevar el documento final a la Comisión Nacional de la Energía, ha recibido críticas de todo el sector, encabezado por la patronal Unesa y las distintas asociaciones sectoriales. No es la primera vez que el Ejecutivo interviene el mercado, en marzo de 2006 se fijó un valor regulado del pool de 42,35 euros. Resucitar malas prácticas, no es una buena idea.
