Con todo el bombo y platillo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer en el Congreso un plan contra los desahucios. Sólo que en una segunda lectura enseguida se veía que éste se plasmaría en un código de buenas prácticas elaborado junto al Ministerio de Justicia y que sería -¡tachán!- voluntario. O sea, que las entidades emplearán la dación en pago para los desempleados si les viene bien. Lo cual nos parece lo más lógico dado el estado de sus balances y que encarecería el poco crédito que existe para los demandantes solventes.
Además, desde 2008 la banca lleva ya aplicando un abanico de medidas mucho más amplio para evitar que familias con pocos recursos terminen desalojados, desde el alquiler con posibilidad de recompra hasta carencias o el alargamiento de los plazos. Y los estímulos fiscales para que los bancos se prodiguen con esta medida apenas va a compensarles. El ministro debería explicar en virtud de qué se define una tasación inadecuada o una cuota justa para los deudores. Por otra parte, el verdadero drama para las familias consiste en el desahucio, y eso es algo que nunca evitaría la dación en pago. Es cierto que lograría que la deuda se cancelase, algo que tendría fatales consecuencias para las entidades y la economía en general, pero lo más lógico sería que las familias pudiesen seguir pagando las cuotas con más facilidades. En este sentido, el ministro sólo hizo una somera mención y no entró como debiera en el alivio de los intereses de demora, origen en muchos casos de una verdadera bola de nieve crediticia.
