Ningún Gobierno se ha atrevido hasta la fecha a abordar la necesaria reforma del sector público para eliminar la duplicación de competencias entre Estado, autonomías y ayuntamientos. Ahora se dan dos condiciones únicas para acometerlo. El PP gobierna en el Estado y en la mayoría de las comunidades autónomas y corporaciones locales, lo que favorece los acuerdos y la buena disposición que van a ser necesarios. Supone quitar poder y presupuesto.
En segundo lugar, el Gobierno puede hacer de necesidad virtud, pues alcanzar un déficit del 4,4% del PIB este año sólo se logra con recortes en partidas presupuestarias y en la propia estructura de la Administración. La reforma del sector público es inaplazable y una oportunidad para que gane en eficiencia. Ahora o nunca.
