El Ministerio de Hacienda estudia aplicar una limitación, que puede estar entre 1.000 y 3.000 euros, a los pagos que se hagan en efectivo a los autónomos. Ésta es la medida estrella del plan de lucha contra el fraude, un plan que en el resto de actuaciones parece ser continuación de los existentes.
Esta limitación del pago en efectivo tiene una clara finalidad de control, acertada en su intención de luchar contra el fraude y la economía sumergida y avalada por la imposibilidad de deducir en IVA y Sociedades si se incumple la obligación. El problema radica en el seguimiento de este tipo de actuaciones, que son complicadas en su aplicación práctica y precisan de recursos suficientes que las hagan efectivas para conseguir un resultado directo sobre el objetivo que persiguen.
