Los inspectores del Banco de España están en pie de guerra contra el gobernador ante el ninguneo a que éste somete su trabajo. Pese a que la Inspección cumple con rigor y celo sus funciones, la cúpula del supervisor no tiene reparos en suavizar las conclusiones de sus informes o en permitir que las entidades desoigan los ajustes y recalificaciones que los inspectores les han exigido practicar, en clara desautorización de su labor.
Ordóñez deja claro que somete la acción del Banco de España a filtros e intereses políticos, al margen de que ello implique obrar contra natura en la institución y aun a riesgo de degradar el prestigio del núcleo de sus profesionales, a quienes culpa de todo como si el cabeza visible no fuera él. Así pues, el nuevo Gobierno debe adoptar medidas que avancen y garanticen la independencia del cuerpo de inspectores, de modo que no puedan ser reos de un gobernador que ni respalde ni defienda sino que malogre sus esfuerzos. La voluntad de estos profesionales no puede ser más acertada en estos momentos. ¡No más Amoroses! Es decir, piden firmeza con las indemnizaciones millonarias de quienes llevaron a algunas cajas de ahorros a la intervención, al Frob o meramente al descrédito, esas que sacan los colores al gobernador, como las tristemente notorias de la CAM. Y quieren más contundencia con los administradores de las entidades peor paradas, de modo que se depuren responsabilidades. En resumen, los inspectores hacen un clarividente análisis: hace falta mano dura con los malos jefes de las cajas, una de las claves que Ordóñez no debió obviar durante esta reestructuración del sector. ¿Por eso les quiere acallar?
