La semana termina marcada por el próximo cierre de las fábricas de Nissan en Barcelona y el temor a más clausuras en el automóvil español, por la debilidad con la que llegó a esta crisis. La epidemia no se pudo prever; lo que sí se veía venir desde hace años es la desventaja que sufría esta industria, respecto a sus principales rivales, para competir en la carrera donde se juega el futuro del transporte: el coche eléctrico.
Los motores enchufables cuentan con pocas partes móviles, por lo que la construcción es más sencilla y requiere de cadenas de montaje reducidas. Queda así allanada la vía para que las empresas matrices se permitan la recentralización de producciones, lo que siempre implicó un riesgo muy alto para España, territorio en el que sólo se ubican las factorías de las marcas, no sus sedes.
Pese a tan clara amenaza, nuestro país presenta una producción testimonial de coches eléctricos (dos híbridos y cuatro vehículos puros de este tipo). Sorprende que el segundo fabricante de automóviles de Europa careciera de los apoyos para atraer nuevas inversiones (como la filial que Tesla destinó a Berlín) o siquiera para aprovechar la materia prima de primera calidad de que dispone, el litio, usado en baterías.
El desarrollo del coche eléctrico no se logra con amenazas, como las que Medio Ambiente protagonizó al hablar de la prohibición de los motores de combustión. Lo que requiere es estímulo y seguridad jurídica para su cuantiosa inversión. Esas condiciones siguen sin darse, ante la escasez de las ayudas para el sector y las inauditas amenazas de nacionalizaciones por parte de Podemos. La desatención al automóvil continúa y amenaza con la inviabilidad en España de una actividad crucial para su PIB.
