La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, considera que imponer un pago a los bancos por cada reclamación que se interponga contra ellos ante la Autoridad de Protección del Cliente Financiero ayudaría a financiar este nuevo organismo y generaría un potente incentivo para que las entidades resolviesen los problemas con los usuarios en su propio seno.
Así lo ha indicado Calviño en declaraciones a Onda Cero, tras ser preguntada por esta posibilidad después de que el diario Cinco Días adelantase que el borrador del anteproyecto de ley que regulará la nueva Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero contempla cobrar a los bancos una tasa de 200 euros por cada reclamación que reciban.
La ministra de Economía ha lamentado que la creación de dicha autoridad es el único proyecto normativo que el Gobierno no ha podido sacar adelante en el último año porque "no ha habido tiempo".
"Lo que hemos visto en estos años es que los sistemas de reclamaciones de los bancos y luego tener que ir a la Justicia hacen que los procesos de reclamación sean muy largos y costosos", ha explicado.
Calviño se queja: "Los mecanismos de supervisión del Banco de España y la CNMV no son vinculantes y, por tanto, no obligan a cumplir sus resoluciones"
En la misma línea, Calviño ha incidido en que los mecanismos de supervisión del Banco de España y la CNMV no son vinculantes y, por tanto, no obligan a cumplir sus resoluciones. "Esto limita la efectividad de los sistemas, y yo creo que todos los ciudadanos sienten que es necesario este refuerzo de su protección en el ámbito financiero", ha señalado.
De esta manera, la ministra ha indicado que la creación de esta Autoridad de Protección del Cliente Financiero es una de las primeras iniciativas que le gustaría lanzar en la nueva legislatura. La idea es que este órgano sea gratuito para los consumidores, por lo que el Ejecutivo todavía estudia cómo se financiará.
"Tendremos que ver cómo se financia. Si se establece un pago a los bancos, eso también genera un incentivo muy potente para que los bancos resuelvan los problemas y las reclamaciones en su propio seno y no tengamos que llegar a esta Autoridad de Protección del Cliente Financiero", ha explicado Calviño, quien en ningún momento se ha referido al importe a cobrar.
La intención del Gobierno es que la Autoridad de Protección del Cliente Financiero pueda emitir dictámenes vinculantes para las entidades financieras y sea gratuita para los usuarios, quienes no necesitarán abogado ni procurador para verse amparados por ella.
Encarecimiento de las hipotecas por el IAJD
Durante la entrevista, Calviño también ha sido cuestionada por el posible impacto que ha tenido sobre el precio de las hipotecas el real decreto ley que estableció que los bancos paguen el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD).
En su opinión, el coste de las hipotecas no puede determinarse únicamente por la evolución del tipo de interés, sino que se debe atender al coste total durante toda la vida del crédito.
El Ministerio de Economía ha constatado un aumento de los tipos de interés de las hipotecas desde hace un año, pero también una sustitución de hipotecas a tipo variable por hipotecas a tipo fijo, "que dan más estabilidad y garantía a los ciudadanos en el largo plazo".
Asimismo, Calviño ha destacado que el Gobierno ha reforzado en los últimos meses la protección de los ciudadanos, con medidas como el aumento del número de meses de impago que son necesarios para proceder a un desahucio, la reducción de los intereses de demora y el refuerzo del papel de los notarios en la firma de hipotecas.
"Todos estos cambios hacen que me parezca prematuro llegar a conclusiones y decir que es este cambio normativo el que lleva a una variación en el coste de las hipotecas", ha sostenido la ministra, quien considera que, en cualquier caso, el real decreto supone una mejora de las condiciones de los ciudadanos a la hora de suscribir un crédito hipotecario.
Calviño afirma que "no hay ningún indicio de burbuja" inmobiliaria y que habrá medidas para activar la oferta de viviendas
La ministra de Economía ha afirmado también que no se observa "ningún indicio de burbuja inmobiliaria", aunque en ciudades como Madrid, Barcelona y el centro de las ciudades se registra un incremento de precios "mucho más importante" que en el resto del país, por lo que el nuevo Gobierno tomará medidas para activar la oferta de vivienda.
"No vemos ningún indicador de burbuja comparable a la de los años 2000, ni a la de ningún año", ha asegurado Calviño. "Se trabaja constantemente con el Banco de España para seguir muy de cerca la evolución del mercado inmobiliario, porque es muy importante evitar burbujas".
Calviño ha recordado que el mercado laboral de años atrás estaba "dopado" de la burbuja inmobiliaria y que es "mejor" y "muy positivo" contar en la actualidad con un mercado laboral con 19,5 millones de afiliados sin tener burbuja.
De hecho, el precio de la vivienda subió un 4% anual en la zona euro y en la Unión Europea durante el primer trimestre de 2019, mientras que en España la subida interanual fue del 6,9%, dos décimas más que en el último trimestre de 2018, según los últimos datos publicados por Eurostat.
Por ello, ha explicado que se ha tratado de mitigar con una "primera oleada" de medidas a través del real decreto de vivienda para controlar sobre todo el precio de los alquileres, al tiempo que en los próximos meses el objetivo será estimular la oferta de vivienda.
En este sentido, ha recordado que el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ya avanzó que se está trabajando en medidas para aumentar la oferta de vivienda, especialmente en vivienda social para que los más vulnerables y los jóvenes tengan acceso a una vivienda en alquiler a "precios asequibles".
