La deuda pública se le atraganta a España. La morosidad de las Administraciones Públicas volvió a subir en marzo y generó un nuevo récord histórico, alcanzando los 1,2 billones de euros en el primer trimestre de este año, según la información revelada este viernes por el Banco de España. Esta cantidad, que es el equivalente a un 98,7% del producto interior bruto (PIB), está muy lejos del objetivo de deuda pública comprometido por el Gobierno de Pedro Sánchez con la Comisión Europea para este 2019, que es del 95,8% de PIB. Es decir, que el Ejecutivo dispone de poco más de seis meses para recortar unos 36.000 millones de deuda pública - unos tres puntos porcentuales de PIB - para cumplir su promesa.
Esta tarea titánica recaerá, sobre todo, en las cuentas de la Administración Central del Estado, que es donde más se acumula la deuda. En total, supuso unos 1,07 billones hasta marzo, cantidad que representa el 87,9% del PIB. El crecimiento de la deuda de este ámbito en términos interanuales fue del 4%, concentrándose en emisiones de valores a medio y largo plazo del propio Estado. En este ámbito, la Seguridad Social se revela como uno de los principales agujeros negros. Su saldo negativo se situó en 43.000 millones, lo cual significa un aumento del 57,4% - 15.705 millones de euros más - respecto a marzo de 2018.
Y, a día de hoy, escasa solución se vislumbra: el Gobierno está teniendo que gastar más por las subidas de salarios de los funcionarios públicos y las pensiones, los subsidios para parados mayores de 52 años y otras medidas sociales aprobadas en los Consejos de Ministros de finales de 2018 y previos a las elecciones generales del pasado 28 de abril. Es cierto que ha habido cierto incremento de las cotizaciones - en torno a un 5% -, pero esta alza no habría podido compensar la subida de la inversión, como indican los datos del Banco de España.
Además, la situación de prórroga presupuestaria dificulta todavía más esta labor. El estatus actual del Gobierno, en funciones, impide que se puedan adoptar medidas adicionales de disciplina fiscal o para mejorar los ingresos, así que lo único por lo que podría optar el Ejecutivo en esos momentos sería por contener el gasto, algo que no está sucediendo. De hecho, hasta abril, ya ha subido más de un 11%.
Alza también en las CCAA
Las comunidades autónomas no son ajenas al alza de la deuda pública. En su caso, hasta marzo aumentó un 2,4%, hasta los 296.659 millones. Con todo, lo cierto es que su nivel de endeudamiento, gracias a la mejora de su economía, se va reduciendo, quedándose en el 24,4% del PIB, una décima menos - que equivale a unos 1.200 millones - que a finales de 2018. Ello no implica que la deuda de algunas regiones deje de generar la alerta roja de entes evaluadores, como la Autoridad Independientes de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ya dio la voz de alarma por la situación de la Comunidad Valenciana, que tiene los números rojos más elevados de todas autonomías, con 46.922 millones.
Mientras, las entidades locales son el único estamento que reduce su deuda. Se queda en los 26.000 millones, un 10,4% menos que hace un año. Con todo, el ranking de ciudades más endeudas sigue intacto y liderado por Madrid - que reduce sus números rojos un 1,3%, hasta los 2.726 millones - , seguida de Zaragoza, Barcelona y Valencia, en este orden.
