"Una medida que lleva a una subida de impuestos garantizada, el dinero recibido recargará la factura fiscal": es el diagnóstico común de los mejores expertos en pensiones del país trasladado a elEconomista tras las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que aventura, sin concretar cómo ni en qué medida, una vinculación de las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional (SMI), y no porque esos expertos desdeñen en absoluto que se estipule un suelo de suficiencia que garantice una dignidad económica mínima de estas pagas, sino por la ligereza de la declaración electoralista del candidato socialista y por la ocultación de su impacto en el bolsillo del contribuyente. "Los complementos a mínimos se pagan vía impuestos", zanja una autoridad en pensiones que elabora informes para el Banco Mundial. Así, pues, el esbozo de propuesta de Sánchez derivaría, sí o sí, en una subida de impuestos, lo que directamente generaría una dependencia de unos ingresos ligados al dinamismo económico del país y su nivel de empleo. Una ligazón ésta, además, no correlativa con la pretensión, ya que el SMI nunca evoluciona a la baja, al margen de la marcha del ciclo económico, o de si hay o no recesión... y de las declaraciones extemporáneas de algunos líderes políticos que anuncian su subida "en menos cincuenta euros": por algo ya Aristóteles previno contra la petición a la política de las certezas de la aritmética.
Sucede también que la declaración del presidente surge de una pregunta que, aunque se comprende, está técnicamente mal formulada: "Una de las peticiones estrella de los pensionistas es igualar las pensiones al salario mínimo. ¿La considera viable y asumible?". Es bien dubitable, y hasta risible, que "los pensionistas", como colectivo, pidan una igualación al SMI, cuando hay 3,8 millones (el 40%) de perceptores de pensiones que ingresan cantidades superiores al citado SMI, fijado en 900 euros tras una subida histórica del 22,5% activada en enero de este año. Y lo cierto es que existe una mayoría de pensionistas en los tramos más bajos que, en verdad económica y términos de justicia social, en función de sus circunstancias personales y patrimoniales, son acreedores de una mejora en sus pagas que no rompa, eso sí, los principios de la contributividad ni genere el moral hazard de la infracotización en aquellos colectivos que, pudiendo elegir una aportación mayor la hagan menor por una suerte de efecto llamada y se beneficien de un complemento a la pensión llamado a nivelar situaciones asistenciales.
Por otra parte, la idea presidencial de vincular, sin decir en qué proporción, la pensión mínima al salario mínimo, adolece de otro defecto técnico inherente a nuestro sistema: no existe una definición numérica de pensión mínima como tal, lo cual pone sobre la mesa una primera necesidad: la fijación de ese baremo, cuestión nada baladí y que habría previamente que regular. Si bien el consenso de la OCDE ubica la suficiencia en el 60% del salario neto más frecuente en cada país, la determinación de esta cifra como umbral de dignidad económica habría de arbitrarse en función de circunstancias del beneficiario que no están definidas y que, de hecho, dinamitaron parte las negociaciones del Pacto de Toledo, al entender algunos de sus miembros que la cota mínima debería ser incluso mayor a lo estipulado por el consenso internacional.
En cualquier caso, el peso de las declaraciones de Sánchez es relativo, máxime si atendemos al hecho de que promete un blindaje constitucional de las pensiones que existe en nuestra Carta Magna desde 1978, en su artículo 50.
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